El Ministerio de Transportes está trabajando en reformar la Ley del Sector Ferroviario con el objetivo de modificar el sistema mediante el que se fijan los cánones de Adif. El cambio, que supondrá desligar esta tasa de los Presupuestos Generales del Estado, se podría producir este año si la Ley es aprobada por el Consejo de Ministros y el Parlamento.
Tras estudiarla, la CNMC acaba de dar el visto bueno a la reforma legal, aunque ha recomendado realizar un período transitorio usando la legislación actual. Pero denuncia que quedan asuntos pendientes en la LSF.
Una transición hacia el nuevo modelo
Aparte de modificar el método de actualización del importe de los cánones de uso de las instalaciones, la reforma de la Ley prevé que los administradores de infraestructuras puedan establecer con total libertad bonificaciones en los cánones para, expresamente, incentivar el transporte por ferrocarril.
Esta bonificación ya existe, pero con unos criterios que limitan mucho la manera de aplicarlas. Su flexibilización podrá reducir mejor el importe que cada operadora paga por usar las vías e instalaciones. Que debería traducirse en una reducción de las tarifas de transporte de viajeros y mercancías.
Como los cánones van aumentar en cuanto Adif y Adif Alta Velocidad puedan y el acceso a las bonificaciones va a suponer un “cambio importante” en la manera de cobrarlos, la CNMC ha recomendado iniciar un período de transición. En el que se expriman al máximo las posibilidades de bonificación que los gestores de infraestructuras pueden hacer acorde a la legislación actual.
Ultimátum de la Unión Europea
Desde 2014, cuando entró en vigor la reforma Ley del Sector de Ferroviario de 2003, que después fue sustituida por la Ley del Sector Ferroviario de 2015, los cánones que cobra Adif a las operadoras por acceder a las vías se fijan en los Presupuestos Generales del Estado. Originalmente, aparte de con los PGE, se podían actualizar por Orden Ministerial.
Sin embargo, este sistema de fijar las tasas va en contra de las directivas europeas que regulan el transporte ferroviario. Que exigen independencia entre los gestores de infraestructuras y los Estados.
De hecho la Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador a España por esta irregularidad. Y en octubre de 2019 causó que el organismo diera un ultimátum al Gobierno de España para cambiar la legislación.
Como respuesta, el MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) preparó la reforma de la Ley, que entre enero y febrero pasó la fase de información pública. En ella se especifica que los cánones se fijarán por los administradores de infraestructuras ferroviarias y se publicarán en la declaración sobre la red. Tras consultar a las operadoras ferroviarias y a la CNMC.
Falta de flexibilidad
Aparte de incumplir la normativa europea, la LSF ha demostrado una inflexibilidad en cierta parte poco predecible.
Y es que ante la situación política actual, que ha forzado a prorrogar los Presupuestos Generales del Estado de 2018, Adif y Adif alta velocidad llevan 2 años sin modificar los cánones. A pesar de que durante este tiempo los costes han aumentado. Por lo tanto, en cuanto sea posible, deberán subirlos.
Asuntos pendientes
En su comunicado oficial, la CNMC se queja de que quedan algunos asuntos pendientes en la gestión de las infraestructuras.
Uno de ellos es que sigue sin implementarse la estrategia indicativa y el convenio entre ADIF y ADIF Alta Velocidad y el Ministerio de Fomento. Mecanismos que son esenciales para asegurar la estabilidad de los cánones en el medio y largo plazo.
Además, es necesario modificar las normativas para que ciertas condiciones beneficiosas dejen de aplicarse solo a Renfe. Como, por ejemplo, la reducción de la edad de jubilación de los maquinistas.
Por último, reitera que las sanciones a los administradores de infraestructuras siguen siendo insuficientes. Lo que causa que las resoluciones de la CNMC tengan poco peso, ya que la sanción por incumplirlas puede ser como máximo de 6.300€. Como es el caso de la sanción impuesta por el incumplimiento de la Resolución de cánones de 2019.
Fuentes: BOE, CNMC y MITMA.
