La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha anunciado que el gobierno autonómico va a solicitar al Estado gestionar sus propios trenes de media distancia.
El objetivo es complementar la oferta realizada por Renfe por contrato con el Estado que, según la consejera, es insuficiente.
De esta manera la Junta de Andalucía podría ofrecer más trenes en recorridos con pocos servicios, como entre Sevilla y Huelva; en el que circulan sólo dos trenes por sentido y día. Carazo subraya que “la Red Ferroviaria Convencional del Estado, por la que circulan los trenes de Media Distancia en Andalucía, está actualmente infrautilizada”. “No tenemos los servicios y frecuencias necesarias entre las ciudades andaluzas”.
Si bien no quieren un traspaso total de competencias, la consejera se ampara en el artículo 64 del Estatuto de Autonomía. Que recoge que Andalucía tiene competencia exclusiva sobre transportes terrestres de personas y mercancías por carretera, ferrocarril, cable o cualquier otro medio cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz, con independencia de la titularidad de la infraestructura sobre la que se desarrolle.
Los planes de Andalucía con los trenes de Media Distancia
La consejera avala la petición con la exitosa experiencia en la gestión de ferrocarriles metropolitanos. Y con que Andalucía, con 8 millones de habitantes, tiene que abogar por la cohesión y vertebración de sus ocho provincias. Para lo que es necesario contar con un adecuado servicio ferroviario.
La propuesta contempla añadir al menos cuatro trenes de Media Distancia por sentido y día con conexión directa entre las capitales andaluzas. Y realizar los recorridos Cádiz-Sevilla, Huelva-Sevilla, Sevilla-Córdoba y Córdoba-Jaén en tiempos de 1 hora; sin especificar más detalles sobre este objetivo.
En el caso de que el Gobierno Central dé el visto bueno, la Junta de Andalucía podría realizar su propio contrato programa con alguna operadora que se encargaría de prestar el servicio. Dicha operadora podría ser pública de la Junta de Andalucía, privada o la propia Renfe.
El gobierno andaluz tendría hasta finales de 2023 para hacer la adjudicación de forma directa; de lo contrario el contrato programa deberá salir a concurso.
