- Ayer la ministra de Fomento defendió la Ley del Sector Ferroviario en el Congreso.
- Algunos grupos parlamentarios piden enmiendas sobre la totalidad de la norma.
- Será mañana cuando esta Ley tenga el “examen” ante los diputados.
La nueva Ley del Sector Ferroviario, documento en el que se sientan las bases de la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril, llega al Congreso con muchas voces en contra.
La defensa de la ministra
Ayer, la ministra de Fomento, Ana Pastor, tuvo el turno de palabra para presentar y defender esta nueva Ley del Sector Ferroviario, a la que catalogó como “un proyecto a largo plazo” para “el ferrocarril del S XXI”.
Según la ministra, los cambios de la Ley del Sector Ferroviario son “positivos para el conjunto de la sociedad y prometedores de cara a la apertura de nuevas líneas prevista para los próximos meses”.
Ha destacado las principales novedades de la norma que son la obligación de planificar y mostrar la viabilidad de las nuevas líneas (algo que no se podrá aplicar a las que ya están en marcha, en construcción o en planificación), el nuevo sistema de cánones y la eliminación de las barreras de entrada a operadoras privadas, así como la liberalización de los servicios de terminales ferroviarias públicas en las mercancías. También ha subrayado los cambios en materia de seguridad, con la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el reconocimiento de derechos a las víctimas de accidentes ferroviarios.
Oposición a la nueva Ley del Sector Ferroviario
Por su parte, los partidos políticos PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC y BNG tendrán hoy el turno de palabra para exponer los diferentes motivos por los que piden la enmienda a la totalidad de la Ley del Sector Ferroviario. Todos estos grupos critican esta “liberalización precipitada” antes de que la UE obligue a los estados miembros a llevarla a cabo, pero además, cada grupo parlamentario tiene sus propios argumentos en contra:
PSOE
Los socialistas critican la “falta de rigurosidad, de coordinación, de transparencia y de consenso” en la creación de esta Ley del Sector Ferroviario, argumentando que no se ha realizado un estudio económico sobre la incidencia de la nueva norma en la economía general. Además, dicen que el análisis que se ha hecho sobre el impacto de los cánones de Adif en el sistema tributario general es insuficiente.
Según el PSOE, la nueva Ley del Sector Ferroviario supone un “recorte de la oferta, la calidad y la accesibilidad” primando “los criterios economicistas sobre la debida atención a las necesidades sociales”.
Sobre la “prisa” del Gobierno en lanzar la norma, critica que no se espere a saber cómo se va a materializar la normativa del Cuarto Paquete Ferroviario que se debe tramitar en Bruselas. Dice también que esta precipitación deja indefensa a Renfe, que no está preparada para competir.
Izquierda plural
Este grupo parlamentario dice que la Ley del Sector Ferroviario apuesta por la iniciativa privada más que velar por los derechos de los ciudadanos. Señala, además, que no se “equilibra” la oferta ferroviaria, ya que se prima la alta velocidad por encima de la Media Distancia y Cercanías o de las mercancías, ejes vertebradores.
Habla también de “burbuja ferroviaria” en la que algunas líneas menos usadas recibirán “excesiva inversión”.
PNV
Aparte de las críticas comunes a toda la oposición, el PNV critica que se “vulneren las competencias autonómicas imponiendo el criterio de interés general al territorial“.
ERC
Desde ERC lamentan que no se haya aprendido de la “experiencia británica” y se supediten algunas líneas vertebradoras a intereses económicos por encima de los beneficios sociales sin exigir suficientes garantías a las nuevas operadoras.
BNG
En BNG, además de criticar la poca apuesta por las redes de Cercanías y Media Distancia, también está en contra de que algunas líneas se vayan a licitar a empresas privadas mientras que algunas autonomías no pueden acceder a la gestión de las redes en sus territorios.
Fuente: Europa Press.