El Consejo de Estado de Bélgica ha anulado temporalmente la adjudicación a la española CAF de un contrato marco de hasta 600 trenes valorado en 3.400 millones de euros por parte de la empresa pública SNCB.
La anulación se produce tras un recurso de Alstom, que alega falta de transparencia en los criterios técnicos de evaluación.
La máxima instancia administrativa belga determinó que el método de puntuación de SNCB era “vago y poco claro”, incumpliendo la legislación de contratación pública. Aunque el fallo paraliza las negociaciones con CAF, SNCB insiste en que no necesariamente obliga a relanzar la licitación.
La decisión, anunciada en marzo, generó polémica al no elegir a Alstom; que se postulaba como favorito. El fabricante francés defiende que emplea a más de 2.000 personas en el país y cuenta con el apoyo de sindicatos y políticos. Siemens, el otro candidato, también presentó un recurso que fue desestimado dado que su rival francés ya había apelado a la decisión.
Ambos fabricantes cuestionaron la elección de CAF como “licitador preferente”, tras evaluar factores como la calidad técnica.
El contrato está destinado a hacer una profunda renovación el parque móvil y contempla la fabricación de cientos de trenes nuevos eléctricos y bimodales elécticos-batería. Incluye un primer pedido en firme de 180 trenes que tendrían que estar en servicio en 2030.
Según informa International Railway Journal, con este pedido el operador busca reemplazar las unidades eléctricas delas series AM75 y AM80 (y, potencialmente la serie AM86), los coches de los tipos I6 e I10 y los trenes reversibles de doble piso de la serie M5.
Para este concurso, CAF se presentó con su plataforma Civity Duo, su tren de corta y media distancia de dos pisos, cuyo primer pedido ya está fabricando para la neerlandesa NS.
SNCB mantiene que siguió los reglamentos europeos, que impiden priorizar producción local. Sin embargo, el caso refleja tensiones entre estándares comunitarios y presiones industriales nacionales, con críticas de sindicatos y políticos belgas.
Tras la decisión del Consejo de Estado, la adjudicación del contrato inicia un recorrido legal que podría retrasar este proceso durante años.