- El desastroso proyecto del AVE Madrid-Barcelona hacen que el Congreso pida una investigación en todas las obras recientes del AVE.
- El Tribunal de Cuentas francés ha realizado un informe similar, publicado hace unos días.
- El objetivo de la investigación es averiguar las causas de la mala gestión y evitar que se repita en el futuro.
El Congreso quiere que el Tribunal de Cuentas revise los costes de todas las obras de AVE efectuadas desde el año 2002 con la sospecha de que el sobrecoste en el AVE Madrid-Barcelona podría no ser el único.
Un informe del Tribunal de Cuentas para evitar proyectos deficientes
Eso es lo que pide el Congreso, que insta al Tribunal de Cuentas a realizar un diagnóstico de las causas de la pésima estimación de la demanda de transporte así como de la mala planificación de las inversiones públicas en lo que se refiere a la Alta Velocidad.
Lo que el Congreso pide se asemeja bastante al informe que el Tribunal de Cuentas francés ha presentado hace unos días y que ha puesto en evidencia la mala gestión de la Alta Velocidad en el país vecino.
La Cámara baja solicita un “análisis de las inversiones en infraestructuras de la última década desde el punto de vista de su contribución al crecimiento económico, al empleo, a la sostenibilidad del gasto público y a la sostenibilidad medioambiental”. Con las conclusiones de este análisis pretende encontrar un sistema que mida la relación entre coste y rentabilidad para que los futuros proyectos no malgasten los fondos públicos.
El Congreso no quiere más situaciones como la del AVE Madrid-Barcelona
Claramente, lo que más ha influido en la petición del informe es el descubrimiento de la desviación en el precio de adjudicación de contratos en el AVE Madrid-Barcelona, donde se alcanzaron los 9.000 millones de euros de sobrecoste.
El Congreso está muy interesado en investigar este caso y pide que se averigüe por qué ninguna de las instituciones públicas implicadas en el proyecto no atendieron a las advertencias previas del Tribunal de Cuentas.
También denuncia la gran cantidad de prórrogas y ampliaciones de plazo por deficiencias del proyecto o de la ejecución del mismo, así como la “curiosa” situación en la que la gran beneficiaria de los contratos de consulturía y asistencia fue una empresa vinculada al Ministerio de Fomento.
Fuente: El País.
